Incapacitación Judicial


La incapacitación civil o judicial es aquella situación en la que una persona no puede regirse por sí misma o sus bienes, de acuerdo con una situación física, psíquica o sensorial.
Debemos diferenciar los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar, que es la posibilidad de ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones. En definitiva, la capacidad jurídica nunca se pierde, en cambio, la capacidad de obrar se puede perder total o parcialmente, según las circunstancias que sufra la persona.

Ésta siempre la decide un juez por sentencia judicial, mientras que en el procedimiento de incapacitación judicial se deberá cumplir unas estrictas garantías fundamentales de la persona incapacitada, además de demostrar la existencia de una deficiencia.


¿Quién puede solicitar la incapacitación judicial?

La legitimación activa obedece al Artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo tanto, podrá ser:
  • Por iniciativa de la propia persona afectada
  • Familiares de primer y segundo grado de consanguinidad
  • El cónyuge
  • El Ministerio Fiscal

¿Qué criterios se valoran?

  • Capacidad para cuidar de uno mismo
  • Capacidad para moverse libremente y de forma responsable
  • Capacidad para establecer relaciones interpersonales
  • Capacidad de reconocer personas y lugares
  • Capacidad de buscar ayuda en caso de emergencia
  • Capacidad de autoabastecerse: preparar la comida, limpiar el hogar, llevar una adecuada higiene personal....
  • Conocimiento de qué recursos dispone y cómo administrarlos
  • Capacidad para ejercer el derecho a voto
  • Capacidad para entender el propio procedimiento de incapacitación y sus consecuencias

¿Qué actos puede realizar una persona incapacitada judicialmente?

  • Hacer testamento notarial
  • Contraer matrimonio
  • Suscribir un contrato de trabajo
  • Aquellos que se permitan expresamente en la sentencia

Comentarios